En una de las primeras entradas que realicé en el blog, hablaba del juicio que estaba teniendo lugar en Suecia contra los administradores del famoso portal Web de descargas, The Pirate Bay.
Ayer Viernes se hizo finalmente pública la sentencia que condenaba a los administradores Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg y Peter Sunde junto con el fundador del sitio Carl Lundström. Cada uno de los cuatro fue encontrado culpable de colaborar en el infringimiento del Copyright y sentenciados a un año de prisión y a pagar una multa de cerca de 2.8 millones de Euros a un grupo de "víctimas" entre las que están Sony Music Entertainment, Warner Bros, EMI o Columbia Pictures.
La condena sin embargo no es por infringimiento del Copyright, sino por ayudar a distribuir material protegido. Los cuatro habían hecho público de de perder el juicio iban a recurrir la sentencia y en cualquier caso, el portal Web seguiría funcionando a través de cualquiera de los servidores distribuidos en todo el mundo. Después de todo el proceso era contra los administradores, no contra el sitio Web.
La tendencia en España en sentencias de casos similares es la opuesta, gracias a Dios, al entender los jueces españoles que distribuir enlaces no constituye comunicación pública de las obras en cuestión. Las grandes productoras siguen empeñándose en demandar a las redes P2P y demás portales de Internet, lucha que en mi opinión está perdida para las compañías pese a que consigan algunos veredictos favorables. Pero por otra parte, estas mismas compañías están empezando a ver nuevas oportunidades de negocio en el emergente universo de foros y redes sociales.
En lugar de satanizar el uso que se hace de su material en estas redes, algunas compañías han comenzado a monitorizar este uso y aplicarlo a estrategias comerciales, decidiéndose a publicar nuevos singles entre las canciones ya filtradas, haciendo campañas de publicidad específicas u ofreciendo contenidos extras y versiones online de mejor calidad que las disponibles de forma gratuita.
Y es que algunos han visto que las acciones contra sitios como TPB son incongruentes puesto que esta información está igualmente accesible a través de buscadores como Google, Yahoo o portales como Youtube Veoh que ofrecen constantemente material protegido. Estos materiales son únicamente eliminados si alguien denuncia el contenido, porque resulta imposible comprobar de manera computarizada si se ha infringido el copyright en cada archivo. La única diferencia entre Youtube y TPB es que el primero ofrece todos tipo de contenidos de forma indiscriminada y el segundo sólo ofrece contenidos protegidos, haciendo además gala de ello.
Además han surgido respuestas a los ataques de las compañías contra los sitios Web de forma que muchas páginas sólo ofrecen contenidos cifrados o restringidos para usuarios. Resulta mucho más difícil rastrear este tipo de sitios puesto que para hacerlo habría que violar su privacidad.
Mientras los magnates de la música y de Hollywood celebran una falsa victoria frente al bit torrent, el mundo avanza más rápido de lo que pueden imaginar siendo la tendencia actual a sistemas de servidores virtuales con reproducción bajo demanda. Algunos de estos funcionan bajo licencia y permiten acceder a vídeos y música de forma mucho más rápida que cualquier descarga de torrent. Un ejemplo es Crunchyroll que ofrece contenidos de varias series de Anime donde los contenidos más recientes están protegidos y los más antiguos se pueden ver libremente. Para poder acceder a los más recientes sólo hay que registrarse y pagar una tasa que apoya a los creadores. Ciertamente me parece una apuesta muy inteligente.
Otra solución acertada es la de Choruss, por la cual la Warner Music Group piensa en dar licencias a las universidades americanas a través de sus direcciones IP para permitir a los usuarios subir y bajar todo tipo de música sin pagar más que una mínima tasa global. Mucha gente estaría dispuesta a pagar los menos de 10 $ (7,5 €) mensuales que plantean por acceso libre a toda la música de Internet. Yo también, eso sí que me parecen términos razonables.
¿Llegará a pasar algo así en España?
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